CONTRA LA VIOLENCIA: SOLIDARIDAD Y DISCIPLINA SOCIAL
Por Alonso Molina Corrales
Resulta paradójico que, justo cuando el editorialista de LA TARDE (edición del 9 de octubre de 2008) resalta el esfuerzo que han hecho los gobiernos departamental y local y la Policía Nacional, para dotar a Pereira de los dispositivos que garanticen la preservación de ese bien supremo que es la seguridad, se conozca el deterioro de los indicadores relacionados con homicidios en la capital de Risaralda. Según el reporte de prensa, un incremento del 20% registraron las muertes violentas en la ciudad en los primeros nueve meses de 2008. Mientras que los casos en lo corrido de este año llegaron a 313, durante el mismo período de 2007, la cifra alcanzó los 261.
Y digo que es paradójico, porque lo reseñado como positivo por el editorial de LA TARDE no es equivocado. Está funcionando el 1, 2, 3, las cámaras de vídeo en las calles sirven para judicializar delincuentes y el pie de fuerza se ha incrementado, al tiempo que el tema de la seguridad es la prioridad del Alcalde Israel Alberto Londoño.
Entonces, ¿qué pasa?
El derecho a la vida se vulnera en una magnitud, que ubica a nuestra ciudad entre las más inseguras del país; mientras vemos como las autoridades de policía se esfuerzan en atribuir el fenómeno, a la lucha que por el control del mercado de la droga enfrentan diversas organizaciones del hampa, como si la veracidad de esa afirmación nos pudiera relevar de la obligación de enfrentar con seriedad la problemática desde la óptica local.
Sin poner en duda el carácter de campo de batalla que tiene Pereira en la guerra del narcotráfico y sin olvidar el agudo deterioro social, que alienta el permanente reclutamiento de jóvenes desesperanzados por las diferentes fuerzas ilegales en pugna, es necesario también revisar otras cifras que amplían la visión del tema.
Según la Policía de Risaralda, en lo que va corrido del presente año, 43 mujeres perdieron la vida durante hechos violentos en el Departamento, lo que representa un incremento del 10% en comparación con el mismo período de 2007, cuando la cifra llegó a 30. Pereira es la población con mayor número de mujeres ultimadas en 2008 con 23 casos, que confrontados con los 17 del 2007, arrojan un incremento del 35%. En la mayoría de los casos, las causas de los decesos se atribuyeron a violencia intrafamiliar e intolerancia.
Con lo anterior, vemos que un significativo porcentaje de los homicidios en Pereira no son una consecuencia directa de la guerra de las mafias y que por tanto, es necesario que las autoridades competentes y todos los estamentos sociales emprendamos una reflexión que nos lleve a preguntarnos sobre el trasfondo social de esta violencia sin banderas – no impactada por la Seguridad Democrática del Presidente Uribe - y sobre el papel que frente a fenómenos como la delincuencia organizada y el deterioro de las relaciones interpersonales y familiares, deben jugar las autoridades municipales. De lo contrario, ningún esfuerzo se verá recompensado.
No basta con asegurar que los homicidios se deben a variables difíciles de intervenir desde el ámbito local. Un permanente control de las calles por parte de la fuerza pública, una inteligencia policial dedicada a madrugarle a la delincuencia en todo lo que tenga que ver con sus negocios y sus conflictos y un sistema georeferenciado de información para construir una verdadera política pública criminal, son acciones que se pueden liderar por parte de las autoridades, con el apoyo de la sociedad civil. Simultáneamente, al quehacer violento y corruptor del hampa organizada, se debe enfrentar una política orientada a brindarles alternativas de vida a los jóvenes que hoy se convierten en “gatilleros” de la mafia o verdugos de sus propios familiares, amigos y vecinos.
Una vez más, la solidaridad sumada a la responsabilidad y a la disciplina social es la formula que aparece señalando el camino.
Por Alonso Molina Corrales
Resulta paradójico que, justo cuando el editorialista de LA TARDE (edición del 9 de octubre de 2008) resalta el esfuerzo que han hecho los gobiernos departamental y local y la Policía Nacional, para dotar a Pereira de los dispositivos que garanticen la preservación de ese bien supremo que es la seguridad, se conozca el deterioro de los indicadores relacionados con homicidios en la capital de Risaralda. Según el reporte de prensa, un incremento del 20% registraron las muertes violentas en la ciudad en los primeros nueve meses de 2008. Mientras que los casos en lo corrido de este año llegaron a 313, durante el mismo período de 2007, la cifra alcanzó los 261.
Y digo que es paradójico, porque lo reseñado como positivo por el editorial de LA TARDE no es equivocado. Está funcionando el 1, 2, 3, las cámaras de vídeo en las calles sirven para judicializar delincuentes y el pie de fuerza se ha incrementado, al tiempo que el tema de la seguridad es la prioridad del Alcalde Israel Alberto Londoño.
Entonces, ¿qué pasa?
El derecho a la vida se vulnera en una magnitud, que ubica a nuestra ciudad entre las más inseguras del país; mientras vemos como las autoridades de policía se esfuerzan en atribuir el fenómeno, a la lucha que por el control del mercado de la droga enfrentan diversas organizaciones del hampa, como si la veracidad de esa afirmación nos pudiera relevar de la obligación de enfrentar con seriedad la problemática desde la óptica local.
Sin poner en duda el carácter de campo de batalla que tiene Pereira en la guerra del narcotráfico y sin olvidar el agudo deterioro social, que alienta el permanente reclutamiento de jóvenes desesperanzados por las diferentes fuerzas ilegales en pugna, es necesario también revisar otras cifras que amplían la visión del tema.
Según la Policía de Risaralda, en lo que va corrido del presente año, 43 mujeres perdieron la vida durante hechos violentos en el Departamento, lo que representa un incremento del 10% en comparación con el mismo período de 2007, cuando la cifra llegó a 30. Pereira es la población con mayor número de mujeres ultimadas en 2008 con 23 casos, que confrontados con los 17 del 2007, arrojan un incremento del 35%. En la mayoría de los casos, las causas de los decesos se atribuyeron a violencia intrafamiliar e intolerancia.
Con lo anterior, vemos que un significativo porcentaje de los homicidios en Pereira no son una consecuencia directa de la guerra de las mafias y que por tanto, es necesario que las autoridades competentes y todos los estamentos sociales emprendamos una reflexión que nos lleve a preguntarnos sobre el trasfondo social de esta violencia sin banderas – no impactada por la Seguridad Democrática del Presidente Uribe - y sobre el papel que frente a fenómenos como la delincuencia organizada y el deterioro de las relaciones interpersonales y familiares, deben jugar las autoridades municipales. De lo contrario, ningún esfuerzo se verá recompensado.
No basta con asegurar que los homicidios se deben a variables difíciles de intervenir desde el ámbito local. Un permanente control de las calles por parte de la fuerza pública, una inteligencia policial dedicada a madrugarle a la delincuencia en todo lo que tenga que ver con sus negocios y sus conflictos y un sistema georeferenciado de información para construir una verdadera política pública criminal, son acciones que se pueden liderar por parte de las autoridades, con el apoyo de la sociedad civil. Simultáneamente, al quehacer violento y corruptor del hampa organizada, se debe enfrentar una política orientada a brindarles alternativas de vida a los jóvenes que hoy se convierten en “gatilleros” de la mafia o verdugos de sus propios familiares, amigos y vecinos.
Una vez más, la solidaridad sumada a la responsabilidad y a la disciplina social es la formula que aparece señalando el camino.
