Le propone Diputado Molina al Alcalde Vásquez
PACTO CÍVICO DEBE RELANZARSE CON MULTITUDINARIO
RESPALDO DE TODOS LOS ESTAMENTOS DE LA CIUDAD
El diputado de Risaralda Alonso Molina Corrales le propuso al Alcalde Pereira relanzar el Pacto Cívico, que buscaba solucionar la problemática de la ocupación del espacio público por parte de vendedores informales que defienden su derecho al trabajo, pero con la suscripción de compromisos por parte de todos los estamentos ciudadanos e institucionales y con una verificación externa del cumplimiento de lo acordado por las partes.
“Señor Alcalde, lo estoy invitando a que revise los términos del Pacto Cívico vigente, para corregir sus vacios, identificar qué no se cumplió y por qué e incorporar a más actores sociales e institucionales, para que en un gran acto público en la Plaza de Bolívar, lo suscribamos todos y nos comprometamos con sus términos y nos sometamos a un proceso de verificación externa con el concurso de veedurías ciudadanas, los organismos de control y el Ministerio Público. Así, quien viole las normas y los acuerdos, no se verá amparado por la indiferencia o la desinformación, el cumplimiento de los derechos humanos será asunto de todos y el trabajo y el espacio público serán realidad en Pereira”, le dice el dirigente liberal al final de una carta donde hace un recuento del proceso y señala algunas de las fallas que lo condenaron al fracaso.
Molina Corrales recuerda que desde muy temprano hablo de la necesidad de un Pacto Ciudadano para trabajar por la coexistencia armónica del derecho al trabajo y al uso y goce del espacio público (http://elcorreodealonso.blogspot.com/search?q=Pacto+ciudadano) y que respaldo la iniciativa del gobierno local, Fenalco y la Universidad Católica; aunque criticó el hecho de no haber involucrado en la suscripción de los compromisos a muchos más actores ciudadanos e institucionales, no haber incorporado mecanismo de veeduría y el incumplimiento de lo acordado sin ninguna consecuencia.
En la carta, el diputado dice que deben tener obligaciones claras los vendedores informales, los comerciantes formales y sus órganos gremiales, la administración municipal, los organismos de seguridad, los políticos, los organismos de control, las veedurías ciudadanas y el Ministerio Público y el incumplimiento de las mismas debería acarrear consecuencias para el responsable.
“Con responsabilidad, solidaridad y disciplina social, podremos garantizar la armónica realización del derecho al trabajo que tienen los comerciantes informales y el derecho al uso y goce del espacio público de la ciudadanía en general”, puntualizo el dirigente.
A continuación, el texto de la carta:
Pereira, jueves 10 de enero de 2012
Doctor
ENRIQUE ANTONIO VÁSQUEZ ZULETA
Alcalde de Pereira
Ciudad
Cordial saludo.
En junio del 2008 publiqué en mi habitual columna Desde Las Termópilas del periódico La Tarde, un artículo titulado “Un Pacto Ciudadano”, donde repasaba la forma como las administraciones de Pereira habían afrontado a lo largo de su historia reciente las contradicciones entre el comercio informal que ocupa andenes, calzadas y parques en aras de la subsistencia diaria y el derecho al uso y goce del espacio público por parte de la ciudadanía en general.
En el texto reconocía el interés de todos los alcaldes por lograr respuestas a una problemática compleja, pero admitía que la persistencia de la misma como asunto prioritario de la agenda pública, el fracaso en la formalización de quienes venden en la calle y el incremento de la actividad irregular en otras zonas de Pereira, eran la demostración de la inutilidad de esos esfuerzos.
Atribuía los sucesivos fracasos de los programas de recuperación del espacio público a “…la insolidaridad, la politiquería, el cortoplacismo, una incorrecta percepción de lo público, la marrulla elevada a la más alta estima, el incumplimiento sistemático de las normas y la indisciplina social…”, que en mi opinión eran entonces y siguen siendo hoy los fenómenos que restan posibilidades a cualquier iniciativa y que explican por qué “…el entusiasmo acaba con la cortada de la cinta, los adjudicatarios vuelven a las calles con sus mercaderías, los políticos trafican con la ineficacia de las normas y la ineficiencia de la autoridad, el Estado revienta para todo y el desorden y el desaseo le roban espacio a la vida en comunidad”.
Por eso abogaba por un abordaje integral de la problemática, a través de un Pacto Ciudadano, que reconociera los derechos de todas las partes, consagrara acuerdos relacionados con la realización de los mismos, identificará acciones concretas y sus responsables y contemplará mecanismos para verificar el cumplimiento de esos compromisos multilaterales. “…Un gran acuerdo ciudadano orientado a la defensa simultánea del trabajo y el espacio público; mediante una estrategia que realmente ofrezca a los ambulantes una forma de ganarse la vida y legitime a las autoridades para defender del derecho ciudadano de gozar y usar las vías y plazas”, decía en el artículo, para luego precisar detalles sobre su contenido:
“La depuración real del censo de vendedores ambulantes por conducto de un tercero calificado, la regulación del uso y goce del espacio público desde la perspectiva del “citymarketing”, la capacitación de los informales para afrontar el reto de un nuevo mercado compuesto por personas que programan sus compras y no se dejan seducir por la oferta callejera, el acceso a crédito destinado a la adquisición de mercancías y a campañas de publicidad y mercadeo, el compromiso de los vendedores de que no volverán a la calle y la efectiva acción de las autoridades civiles en defensa del espacio público, dentro del marco determinado por los derechos humanos; son algunos de los elementos de este pacto, cuya suscripción misma deberá comprometer ante la ciudad a aquellos y a aquellas y a los gremios de la producción, a los estamentos cívicos, a la clase política, a la Iglesia, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la población en general”.
Por todo lo anterior, no dude en mi calidad de concejal de Pereira y líder de opinión, brindar todo mi apoyo al llamado “Pacto Cívico” propuesto por la administración local de la época, con el respaldo de Fenalco y la Universidad Católica. Me parecía que esa coincidencia de pensamientos permitiría que se instrumentalizara una estrategia que en mi concepto podía garantizar la convivencia de los derechos al trabajo y al espacio público, sobre la base de la responsabilidad, la solidaridad y la disciplina social de todos los actores ciudadanos, gremiales e institucionales.
El mismo alcalde de entonces, los directivos de Fenalco y los operadores de la Universidad Católica, conocieron mis críticas referentes a que en su ejecución, el Pacto Cívico se redujo a la suscripción casi secreta de unos compromisos, que no tenían mecanismos de verificación en su cumplimiento, ni señalaban las consecuencias que acarrearía a alguna de las partes el hecho de no honrarlos.
Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón y hoy por hoy el Pacto Cívico que está vigente en términos jurídicos, es una frustración, porque fue incumplido por las partes y la problemática de ventas informales y ocupación del espacio público se salió de las manos en los últimos tiempos.
Le hago este recuento señor Alcalde, porque ahora que el tema fue puesto sobre la mesa por la Personería y que su administración, a través de la Secretaría de Gobierno, anunció nuevas estrategias para afrontar la situación, se debe insistir en la aplicación de los lineamientos generales del modelo del Pacto Cívico, a través de un relanzamiento del mismo como un acuerdo donde todos los estamentos tengamos compromisos.
Ese pacto deberá comprometer a los vendedores informales en temas como el congelamiento del número de estacionarios y maneros en las zonas asignadas y en arreglo con el censo oficial, la colaboración permanente con las autoridades de policía, el rechazo a la piratería y al contrabando, la observación de normas de higiene, salubridad y seguridad, el pago de las obligaciones derivadas de los créditos de fomento que se puedan otorgar y la inscripción como comerciantes formales ante la Cámara de Comercio.
Al mismo tiempo, las autoridades municipales deberán obligarse, con el concurso de los comerciantes organizados, la Cámara de Comercio, Fenalco y la banca, a proveer la infraestructura física adecuada a las necesidades mercantiles y al modelo de ocupación del espacio público acordado, capacitación de los informales para afrontar el reto de un nuevo mercado, el acceso a crédito destinado a la adquisición de mercancías y a campañas de publicidad; así como a la aplicación de las normas de defensa del espacio público de manera eficiente y eficaz, con el apoyo de la ciudadanía, los organismos de control y de los dirigentes políticos, que deberemos abstenernos de influir en las actuaciones y decisiones de los funcionarios responsables del tema, siempre que estás acciones estén ajustadas a derecho.
Los comerciantes formales y organizados, por su parte, asumirán el compromiso de no entregar mercancías a los ambulantes y maneros no inscritos en el censo y no vinculados con el Pacto Cívico y a asesorar a los que si lo suscribieron en su proceso de regularización.
Señor Alcalde, lo estoy invitando a que revise los términos del Pacto Cívico vigente, para corregir sus vacios, identificar que no se cumplió y por qué e incorporar a más actores sociales e institucionales, para que en un gran acto público en la Plaza de Bolívar, lo suscribamos todos y nos comprometamos con sus términos y nos sometamos a un proceso de verificación externa con el concurso de veedurías ciudadanas, los organismos de control y el Ministerio Público. Así, quien viole las normas y los acuerdos, no se verá amparado por la indiferencia o la desinformación, el cumplimiento de los derechos humanos será asunto de todos y el trabajo y el espacio público serán realidad en Pereira.
Atentamente,
ALONSO MOLINA CORRALES
Diputado de Risaralda
