MÁS QUE EXENCIONES, POLÍTICA DE FOMENTO EMPRESARIAL
Por Alonso Molina Corrales
El debate abierto por el proyecto que pretende ampliar en el tiempo los efectos de la Ley 608 de 2000 o Ley Quimbaya, con la cual se pretendía apalancar el proceso de reconstrucción del aparato productivo y atraer nuevos inversionistas a los municipios afectados por el terremoto de enero de 1999, nos pone frente a una realidad en la cual todos los estamentos de Pereira estamos involucrados.
Según el reporte de la DIAN en Pereira, desde el 2001, solo ciento veintitrés contribuyentes se acogieron a la reducción del impuesto a la renta, lo que constituye un promedio de 17.5 empresas por año y un estímulo tributario por un valor de $8.624´972.621 durante todo el tiempo que ha estado vigente el alivio fiscal. Entre 2004 y 2006, solo dos contribuyentes solicitaron acogerse a la franquicia arancelaria estipulada en el artículo 12 de la mencionada norma, que beneficia a quienes importan bienes de capital para la generación de industria en los municipios azotados por el fenómeno natural. Aunque la pretensión sumaba $579´141.597, la DIAN les reconoció un poco más de la mitad, argumentando que las solicitudes fueron presentadas de manera extemporánea. Las cifras en el Quindío no son mejores, si se tiene en cuenta que para los municipios de ese departamento los porcentajes en la reducción de los gravámenes eran muy superiores.
Las cifras son consideradas por expertos de la DIAN, la Cámara de Comercio y la Andi como pobres y llevan a concluir que no se aprovechó de la mejor forma la oportunidad representada por la Ley Quimbaya, pues no son suficientes los estímulos tributarios, si no hay una política pública de fomento empresarial, que debería ser liderada por la administración municipal, con el concurso de los gremios de la producción.
Obviamente, lo anterior deja el balón en el terreno de la Alcaldía de Pereira, que en procura del cumplir con la obligación constitucional de promover el progreso social, debe estimular el desarrollo empresarial con miras a generación de empleo y la redistribución del ingreso. Debe sobre todo, promover el asentamiento de nuevas empresas en la ciudad, que provean puestos de trabajo estables y bien remunerados, gracias al impulso de estímulos tributarios, la dotación de una infraestructura de servicios públicos eficiente y continua y la implementación de planes educativos que preparen una mano de obra calificada. Simultáneamente, debe encargarse del mercadeo de la ciudad a nivel nacional e internacional, para contarle al país y al mundo, que en Colombia hay una urbe que ofrece todas las ventajas para hacer empresa y generar riqueza.
Pero los gremios deben también asumir responsabilidades. Una de ellas, es devolverles la confianza a los particulares en la viabilidad de invertir en la generación de empresa en Pereira. Convencerlos de que, al igual que años atrás, es rentable apostarle al desarrollo del aparato productivo de la ciudad y que es una contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de los más débiles; tan meritoria como los aportes de esos dirigentes empresariales que transformaron la pequeña aldea en una urbe y a ellos mismos en líderes cívicos. Decirles que es más satisfactorio el dividendo que la renta, el trabajo que la especulación y la proyección comunitaria, que el confinamiento en la estrecha esfera de la utilidad privada.
También la academia se debe involucrar, pues de la pertinencia de su oferta educativa con la demanda del aparato productivo, depende nuestra competitividad.
Queda abierto el debate, que ya se ha ventilado al interior del Concejo Municipal.
Por Alonso Molina Corrales
El debate abierto por el proyecto que pretende ampliar en el tiempo los efectos de la Ley 608 de 2000 o Ley Quimbaya, con la cual se pretendía apalancar el proceso de reconstrucción del aparato productivo y atraer nuevos inversionistas a los municipios afectados por el terremoto de enero de 1999, nos pone frente a una realidad en la cual todos los estamentos de Pereira estamos involucrados.
Según el reporte de la DIAN en Pereira, desde el 2001, solo ciento veintitrés contribuyentes se acogieron a la reducción del impuesto a la renta, lo que constituye un promedio de 17.5 empresas por año y un estímulo tributario por un valor de $8.624´972.621 durante todo el tiempo que ha estado vigente el alivio fiscal. Entre 2004 y 2006, solo dos contribuyentes solicitaron acogerse a la franquicia arancelaria estipulada en el artículo 12 de la mencionada norma, que beneficia a quienes importan bienes de capital para la generación de industria en los municipios azotados por el fenómeno natural. Aunque la pretensión sumaba $579´141.597, la DIAN les reconoció un poco más de la mitad, argumentando que las solicitudes fueron presentadas de manera extemporánea. Las cifras en el Quindío no son mejores, si se tiene en cuenta que para los municipios de ese departamento los porcentajes en la reducción de los gravámenes eran muy superiores.
Las cifras son consideradas por expertos de la DIAN, la Cámara de Comercio y la Andi como pobres y llevan a concluir que no se aprovechó de la mejor forma la oportunidad representada por la Ley Quimbaya, pues no son suficientes los estímulos tributarios, si no hay una política pública de fomento empresarial, que debería ser liderada por la administración municipal, con el concurso de los gremios de la producción.
Obviamente, lo anterior deja el balón en el terreno de la Alcaldía de Pereira, que en procura del cumplir con la obligación constitucional de promover el progreso social, debe estimular el desarrollo empresarial con miras a generación de empleo y la redistribución del ingreso. Debe sobre todo, promover el asentamiento de nuevas empresas en la ciudad, que provean puestos de trabajo estables y bien remunerados, gracias al impulso de estímulos tributarios, la dotación de una infraestructura de servicios públicos eficiente y continua y la implementación de planes educativos que preparen una mano de obra calificada. Simultáneamente, debe encargarse del mercadeo de la ciudad a nivel nacional e internacional, para contarle al país y al mundo, que en Colombia hay una urbe que ofrece todas las ventajas para hacer empresa y generar riqueza.
Pero los gremios deben también asumir responsabilidades. Una de ellas, es devolverles la confianza a los particulares en la viabilidad de invertir en la generación de empresa en Pereira. Convencerlos de que, al igual que años atrás, es rentable apostarle al desarrollo del aparato productivo de la ciudad y que es una contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de los más débiles; tan meritoria como los aportes de esos dirigentes empresariales que transformaron la pequeña aldea en una urbe y a ellos mismos en líderes cívicos. Decirles que es más satisfactorio el dividendo que la renta, el trabajo que la especulación y la proyección comunitaria, que el confinamiento en la estrecha esfera de la utilidad privada.
También la academia se debe involucrar, pues de la pertinencia de su oferta educativa con la demanda del aparato productivo, depende nuestra competitividad.
Queda abierto el debate, que ya se ha ventilado al interior del Concejo Municipal.
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