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Dice Molina Corrales en foro de la Asamblea

NUEVO CÓDIGO MINERO DEBE EMPODERAR

ALCALDES Y CORPORACIONES AUTÓNOMAS

• Gobierno entregará nuevas licencias sin importar impacto ambiental.

 

La Asamblea de Risaralda debe exigir que el nuevo Código Minero contenga facultades para que las autoridades ambientales locales, participen en el proceso de entrega de licencias para la exploración y explotación minera desde el comienzo, y para que los alcaldes puedan imponer medidas contra los problemas sociales y económicos asociados a las bonanzas de los recursos naturales extraíbles.

Así lo propuso el diputado Alonso Molina Corrales durante el Foro Minero que organizó la Asamblea de Risaralda, por iniciativa de su colega Mario Marín Hincapié.

Molina Corrales denunció que el Gobierno Nacional ha creado unas Áreas Estratégicas Mineras diferentes a las entregadas en concesión hasta el momento, con el objeto de subastarlas en condiciones especiales y sin tener en cuenta que muchas de ellas son zonas de protección ambiental. “Así pasa en Mistrató, donde el Ministerio de Minas y Energía, por medio de la Resolución #180241 de febrero de 2012, señaló como área estratégica minera la cuenca del río Ágüita, que hace parte de las zonas de protección ambiental indígena decretadas por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda”, enfatizó para luego informar que en el departamento hay identificados diez de estos territorios.

El diputado liberal indicó que la autoridad minera nacional no tiene en cuenta las decisiones de las autoridades ambientales regionales y locales y que en muchos casos, las licencias para exploración y explotación se conceden sobre zonas de protección natural y sin tener en cuenta lo que opinan las comunidades intervenidas. Del mismo modo, comentó que las bonanzas atraídas por el ascenso de los recursos naturales extraíbles en los mercados, determina procesos inflacionarios que deberían ser controlados por los alcaldes, para evitar la carestía, el acaparamiento y el desabastecimiento.

“En el nuevo código minero estas situaciones deberían ser solucionadas con facultades para los alcaldes y para las corporaciones autónomas, tanto en lo de medidas locales de control de precios de la canasta familiar, como en la entrega de licencias para la exploración y explotación minera”, puntualizó Molina Corrales.