NO ESTAMOS SOLOS
Por Alonso Molina Corrales
La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional Luís Moreno Ocampo a Colombia, nos deja dos conclusiones trascendentales, que tranquilizan el espíritu de quienes vemos amenazado el Estado Social de Derecho.
La primera, es que la institucionalidad colombiana actual debe seguir funcionando, a pesar del enfrentamiento permanente entre sus poderes y las dificultades propias de un proceso, donde oscuros intereses desean impedir que la verdad brille en temas tan candentes como la violación sistemática de los derechos humanos y la infiltración de las organizaciones al margen de la ley en la política y la vida empresarial, como parte de una oscura conspiración con tufillo totalitario.
Para Moreno Ocampo son naturales los problemas que se presentan dentro de procesos destinados a impartir justicia, reparar a las víctimas y castigar a los culpables de crímenes de lesa humanidad y delitos contra el Estado y confía en que se puedan efectuar los ajustes necesarios para alcanzar la paz y la justicia.
Lo anterior es importante, porque envía un mensaje a quienes desean obstaculizar el desarrollo de procesos judiciales tan importantes como la parapolítica, hostilizando a la Corte Suprema de Justicia e impulsando reformas tendientes a dejarla sin competencia.
Cuando Luís Moreno Ocampo le dice a El Tiempo, que durante una reunión en la Casa de Nariño “…El Presidente mostró absoluta intención de asegurar el máximo respeto e independencia con el poder judicial”, queda clara la preocupación de la Corte Penal Internacional por la suerte que puedan correr procesos como el de justicia y paz y la parapolítica y los mismos estrados donde se ventilan los mencionados negocios.
También valora la valiente posición de la Corte Suprema de Justicia, cuando dice que sus magistrados reiteraron su disposición y capacidad para llevar adelante las investigaciones que les corresponden, pese a las dificultades.
El fiscal tiene confianza en nuestras instituciones y eso es respaldo para nuestra rama judicial, a la que debemos rodear y proteger.
La segunda conclusión es que no estamos solos. Hay una instancia superior a los límites de nuestra propia impunidad y es la Corte Penal Internacional.
Si no logramos vencer nuestra propia historia de injusticia y frustración y la verdad queda en manos de una élite criminal e intocable, la Corte Penal Internacional procesará a los culpables de los crímenes y a quienes impidieron su pronto castigo, tal como lo hicieron y lo hacen con los genocidas de la antigua Yugoslavia y de algunas repúblicas africanas, sin importar la investidura ostentada en sus propios países.
Con la visita del fiscal Luís Moreno Ocampo, lo anterior no es una posibilidad remota. Estamos en la mira de esa alta instancia judicial y es razonable que el presidente Uribe Vélez se recienta cuando sus opositores amenazan con denunciarlo ante ella.
Lo negativo es que ese riesgo lo pueda llevar a perpetuarse en el poder, como una manera de blindarse. Es más difícil procesar a un mandatario en ejercicio y con todo el poder para encubrir pruebas y amedrentar a víctimas y testigos.
Mientras esperamos el informe del fiscal de la Corte Penal Internacional sobre su visita a Colombia, la invitación sigue siendo la misma: Cerrar filas en torno al Estado Social de Derecho y sus instituciones; en especial, apoyar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y de las demás instancias judiciales.
Por Alonso Molina Corrales
La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional Luís Moreno Ocampo a Colombia, nos deja dos conclusiones trascendentales, que tranquilizan el espíritu de quienes vemos amenazado el Estado Social de Derecho.
La primera, es que la institucionalidad colombiana actual debe seguir funcionando, a pesar del enfrentamiento permanente entre sus poderes y las dificultades propias de un proceso, donde oscuros intereses desean impedir que la verdad brille en temas tan candentes como la violación sistemática de los derechos humanos y la infiltración de las organizaciones al margen de la ley en la política y la vida empresarial, como parte de una oscura conspiración con tufillo totalitario.
Para Moreno Ocampo son naturales los problemas que se presentan dentro de procesos destinados a impartir justicia, reparar a las víctimas y castigar a los culpables de crímenes de lesa humanidad y delitos contra el Estado y confía en que se puedan efectuar los ajustes necesarios para alcanzar la paz y la justicia.
Lo anterior es importante, porque envía un mensaje a quienes desean obstaculizar el desarrollo de procesos judiciales tan importantes como la parapolítica, hostilizando a la Corte Suprema de Justicia e impulsando reformas tendientes a dejarla sin competencia.
Cuando Luís Moreno Ocampo le dice a El Tiempo, que durante una reunión en la Casa de Nariño “…El Presidente mostró absoluta intención de asegurar el máximo respeto e independencia con el poder judicial”, queda clara la preocupación de la Corte Penal Internacional por la suerte que puedan correr procesos como el de justicia y paz y la parapolítica y los mismos estrados donde se ventilan los mencionados negocios.
También valora la valiente posición de la Corte Suprema de Justicia, cuando dice que sus magistrados reiteraron su disposición y capacidad para llevar adelante las investigaciones que les corresponden, pese a las dificultades.
El fiscal tiene confianza en nuestras instituciones y eso es respaldo para nuestra rama judicial, a la que debemos rodear y proteger.
La segunda conclusión es que no estamos solos. Hay una instancia superior a los límites de nuestra propia impunidad y es la Corte Penal Internacional.
Si no logramos vencer nuestra propia historia de injusticia y frustración y la verdad queda en manos de una élite criminal e intocable, la Corte Penal Internacional procesará a los culpables de los crímenes y a quienes impidieron su pronto castigo, tal como lo hicieron y lo hacen con los genocidas de la antigua Yugoslavia y de algunas repúblicas africanas, sin importar la investidura ostentada en sus propios países.
Con la visita del fiscal Luís Moreno Ocampo, lo anterior no es una posibilidad remota. Estamos en la mira de esa alta instancia judicial y es razonable que el presidente Uribe Vélez se recienta cuando sus opositores amenazan con denunciarlo ante ella.
Lo negativo es que ese riesgo lo pueda llevar a perpetuarse en el poder, como una manera de blindarse. Es más difícil procesar a un mandatario en ejercicio y con todo el poder para encubrir pruebas y amedrentar a víctimas y testigos.
Mientras esperamos el informe del fiscal de la Corte Penal Internacional sobre su visita a Colombia, la invitación sigue siendo la misma: Cerrar filas en torno al Estado Social de Derecho y sus instituciones; en especial, apoyar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y de las demás instancias judiciales.
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