La columna de Marulo

DEFENDER LA CONSTITUCIÓN UN DEBER DE DEMÓCRATAS

Por Edison Marulanda Peña

La propuesta todavía inconclusa de una gran coalición de fuerzas políticas no debe estigmatizarse como antiuribista. Merece ser examinada con serenidad, debatirse seriamente su propósito y las posibilidades de éxito o fracaso. Si se concibe como una solución a una amenaza enorme, habrá que buscar buenas razones para persuadir a la mayoría silenciosa, que no siempre aprueba las decisiones de las jerarquías de los partidos o movimientos políticos.

Para evitar esta connotación de “todoscontraUribe”, más polarizante que aglutinadora, hay que explicarle al país nacional, con suficiente claridad, porqué resultaría nociva y peligrosa para la salud de nuestra democracia seguir desmontando la Constitución y sus logros, desconociendo que tal empeño nos hará retroceder al siglo XIX. En aquella centuria la inestabilidad institucional y jurídica era producto de la inmadurez de las organizaciones políticas, del fanatismo que obnubilaba las mentes de fervor religioso o partidista en la joven república, donde predominaba la ignorancia y era escasa la educación. De tales antagonismos e intolerancia se derivaban las guerras civiles y sus funestas secuelas. La victoria conseguida por las armas para imponer una idea, unos intereses económicos, una concepción de Estado –confesional o laico- terminaba por despedazar la constitución vigente y hacer otra para imponerla a los vencidos. Nunca era el fruto de un gran pacto nacional, como si lo es la Constitución de 1991.

Cabe recordar que mi generación, que hoy se desplaza entre los 40 y 45 años, fue artífice, junto a hombres y mujeres de espíritu renovador, del movimiento de la Séptima Papeleta. Conformado en su mayoría por universitarios, creíamos que otro país, más justo y menos excluyente, más libertario y menos persecutor —¿recuerda el Estado de sitio permanente?— era posible por la vía pacífica del sufragio. El resultado de aquel esfuerzo, pragmático y romántico a un mismo tiempo, es la más importante reforma política de la segunda mitad del siglo XX en Colombia: la construcción de las bases de un Estado social de Derecho. Dicho Estado tiene como fundamentos el principio del respeto por la dignidad humana, el del trabajo, la solidaridad y el principio de la prevalencia del interés general. Este cambio fue posible, también, gracias a un estadista como César Gaviria, que supo interpretar los retos del momento histórico.

Esta Constitución, además de crear nuevas instituciones para garantizar el equilibrio de pesos y contrapesos en el sistema democrático, ancló a Colombia en la modernidad. Desde luego que es una carta de navegación que, como todo instrumento de esta índole, exige la voluntad de todos y la visión para llegar al destino que vislumbramos, sin extraviarnos en el espíritu de facción como ocurría en el XIX. Sólo necesitamos navegantes avezados, honestos y generosos, no de corsarios que tomen el país por botín.