EMPLEO Y COMPETIVIDAD, OBJETIVOS PÚBLICOS
Por Alonso Molina Corrales
El avance significativo en temas gruesos con los que será medido el Alcalde de Pereira, a pesar de no tener sobre ellos gobernabilidad plena, podría ser trascendental para que el juicio de la historia corone con laureles la gestión del mandatario. Uno de esos tópicos es el empleo.
Sería injusto decir que el burgomaestre no ha buscado salidas a la crisis que implica una tasa de desempleo de más de 20 puntos porcentuales. No se podrá negar que el cabildo local ha dado trámite a iniciativas que buscan estimular la generación de puestos de trabajo a cambio de reducción de los impuestos y tampoco podremos desconocer que las numerosas obras de la actual administración y el Plan de Emergencia que ha puesto en marcha en compañía de Acción Social de la Presidencia de la República y el Comité de Cafeteros, son medidas que mitigan el flagelo de la desocupación. Mi observación se refiere más bien a aquellas medidas que se repiten a pesar de la pobreza de los resultados.
En su reciente comparecencia al Concejo, el Secretario de Hacienda admitió que las exenciones tributarias aprobadas para premiar a los empresarios generadores de nuevos trabajos no han producido ni frío, ni calor. Dice que quizás ha faltado promoción y que los recursos asignados para el mercadeo de la ciudad no son suficientes.
Se puede admitir que estas dos últimas aseveraciones son acertadas; pero también debemos tener en cuenta que desde los noventa, a Pereira la ha acechado el fantasma del desempleo, como la herencia de la gran crisis cafetera y que a partir de esa coyuntura hemos aparecido en la lista de ciudades colombianas con altos niveles de desocupación; a pesar de que han sido numerosos los Acuerdos que a lo largo de los años han concedido ventajas tributarias a quienes se establezcan en la urbe con sus empresas o a quienes se expandan vinculando mayor mano de obra. Incluso, la famosa Ley Quimbaya, aprobada para que el Eje Cafetero reactivara su aparato productivo después del sismo de 1999, incluyó a la capital de Risaralda, sin resultados destacables.
¿No será tiempo, entonces, de cambiar la estrategia repetida por una de mayor impacto?
En Risaralda tenemos una gran herramienta que es el Plan Regional de Competividad. En él se detallan aquellas cadenas productivas exitosas y promisorias, se bosqueja el horizonte hacia el que tiene que apuntar el empresariado del departamento y su capital y constituye un gran consenso gremial, que debería servir de marco de referencia para guiar la forma y los objetivos de la interlocución entre ellos y la administración pública; una situación también favorable para cualquier alcalde interesado en el tema.
En otras palabras, las metas del Plan de Competividad deben ser las mismas del gobierno municipal en materia de desarrollo económico, productividad y generación de empleo; al tiempo que constituyen una oportunidad para que la academia ofrezca nuevos productos educativos en la región.
De esa manera, las exenciones tributarias impulsadas por el alcalde y aprobadas por el Concejo se articularían con las necesidades expuestas en el Plan de Competividad y especialmente, con el propósito de sacar adelante las cadenas productivas que tengan mayor futuro y posibilidades de generar puestos de trabajo. Reducciones impositivas directas para éstas y para quienes consumen sus productos, insumos y suministros, pueden constituir una verdadera estrategia que le apunte al mejoramiento de la productividad y a la defensa y promoción del empleo.
Es necesario insistir, por tanto, en que el Plan Regional de Competividad sea elevado al sitial de política pública, para que sus acciones se prolonguen más allá de la temporalidad de los mandatos y por encima de los intereses políticos de los mandatarios. Una vez más la administración municipal tiene la palabra.
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