LA EMPRESA DE ENERGÍA Y EL CONCEJO
Por Alonso Molina Corrales
La administración municipal de Pereira está dando los pasos que permitan la capitalización de su empresa de energía, sin pedir autorización previa al cabildo local y sin abrir el debate que una decisión tan importante debería tener.
Hay en la opinión pública la sensación de que con la reciente providencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, expedida el 29 de abril de 2008, el rescate de la empresa de servicios públicos solo tiene una vía, que no incluye como estación obligatoria la aprobación por parte del Concejo de Pereira.
Creo que pensar de esa manera es equivocado, pues el máximo tribunal administrativo del departamento se pronunció sobre la medida cautelar, con la cual el juez de primer instancia, durante la audiencia de pacto de cumplimiento, ordenó la suspensión de cualquier tipo de actuaciones precontractuales y contractuales, ante una posible ilegalidad.
El juez colegiado consideró que esa medida cautelar no fue motivada en debida forma y que no fueron admitidos en la diligencia mencionada, los recursos de impugnación contra la misma, tal como lo señala el Código de Procedimiento Civil que se aplica de manera subsidiaria en este caso. Por esas razones, revocó la suspensión y devolvió el negocio al juzgado de origen.
El Tribunal Contencioso Administrativo no se pronunció sobre la legalidad del proceso de capitalización que la Alcaldía de Pereira adelanta sin agotar la instancia del Concejo, en contravía de lo ordenado por el numeral 6º del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
Lo anterior es muy importante tenerlo claro, pues sobre el fondo del asunto aún no hay definiciones y es posible que la ciudad asista a un proceso de capitalización irregular, con repercusiones legales y pecuniarias inimaginables.
La difícil situación de la Empresa de Energía de Pereira no nos debe llevar a cometer errores costosos. Insistir en que una decisión como esa debe pasar por el Concejo, es abrir la posibilidad de un debate sano, donde se escuchen a todas las partes interesadas y se analicen otras alternativas al problema.
Quienes creen en la bondad de las instituciones democráticas, saben que es el Concejo el espacio propicio para esa discusión y a él podrán concurrir los que más saben sobre el tema, con el propósito de iluminar a los concejales en la toma de tan difícil decisión, que por serlo no debe ser eludida por ninguno de nosotros.
Es necesario insistir en el debate de cara a la comunidad.
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