Desde Las Termópilas

AHORA QUE TODOS ESTAMOS UNTADOS…

Por Alonso Molina Corrales

Los últimos acontecimientos nacionales han precipitado a la institucionalidad colombiana, a una encrucijada propicia para quienes las garantías ciudadanas y los pesos y contrapesos del Estado de Derecho, son obstáculos en la carrera por la instalación definitiva de un nuevo orden social, económico y político.

Desde el comienzo del primer gobierno del Presidente Uribe, hubo un artillero como el ministro Fernando Londoño Hoyos, que por medio de su incontinencia verbal, daba a conocer el inconfesable desprecio del régimen, por las talanqueras institucionales que implica la tridivisión del poder público.

Ahora, cuando el papel de provocador lo ejerce el asesor José Obdulio Gaviria, el apretar la soga alrededor del cuello de las instituciones democráticas, es una acción a la cual concurren el cumplimiento de unos fines propios de la extrema derecha colombiana y la necesidad de evitar que la podredumbre, en su avalancha, atropelle a quienes han medrado en ella durante los últimos años.

El creciente número de congresistas vinculados y detenidos por el tema de la parapolitica, la ineficacia para juzgar y castigar a los jefes de esos grupos irregulares, la imposibilidad de redimirlos prontamente y una reparación a sus víctimas que no llega, se suman a las recientes revelaciones de Yidis Medina, quien confirmó haber cedido ante las promesas burocráticas del ejecutivo, a cambio de su voto en favor de la reelección presidencial en la comisión primera de la Cámara de Representantes. ¿Se está cerrando el círculo alrededor del popular Uribe Vélez?

La propuesta de crear un tribunal para juzgar a los altos dignatarios del Estado por los vínculos con los paramilitares, parece una trampa que se abre cuando se acusa a la Corte Suprema de Justicia – pues el anónimo no individualiza – de haber recibido dineros de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, para la elección del Fiscal General Mario Iguarán.

La vieja arma política del desprestigio, tan usada por el uribismo, vuelve y juega, para mostrar como única alternativa a la crisis, el relevo de la Corte en sus funciones como juez de los dignatarios con fuero, pese a que esa máxima instancia ha logrado llevar hasta las últimas consecuencias, las acciones legales contra los políticos amancebados con el paramilitarismo. Ahora que todos estamos untados, hagámonos pasito, parece ser la premisa.

Lo curioso es el aparente e inesperado desenlace: Después de una no explicada parálisis procesal, la Fiscalía dicta medida de aseguramiento contra el exsenador Mario Uribe Escobar, primo del jefe de Estado, vinculado al proceso de la parapolitica por la Corte Suprema de Justicia y quien renunció a su condición de legislador, para ser investigado por Iguarán y su equipo, en cumplimiento de normas procesales y sustantivas más benignas. ¿Será que el alto investigador no se resigna a ser un fusible más del sistema de protección del régimen? ¿Será el temor a un fiscal actuante, dispuesto a salvar su buen nombre, lo que llevó a Uribe Escobar a buscar asilo político? Amanecerá y veremos.

Más allá de cualquier pregunta, lo importante es expresar respaldo a la labor adelantada por la Corte Suprema de Justicia y las demás instancias judiciales, que con su accionar, llenan de esperanza a quienes aún no sucumbimos al poder “hipnomediático” del Presidente Uribe. Ninguna reforma política puede apalancarse en la vacuna adhesión de una muchedumbre alienada por la conspiración comunicacional, urdida por los titiriteros de un gobierno con la legitimidad envolatada; ni ninguna instancia judicial puede ser sacada del cubilete del mago, sin que se vulnere en materia grave, la estabilidad de un andamiaje institucional, sostenido por el valor de las cortes de justicia.